Un conflicto de interés se produce cuando una entidad intermediaria, un emisor o cualquier otro agente profesional de los mercados de valores tiene expectativas o intereses que pueden contraponerse a los del inversor particular (cliente, accionista, etc.).
Por ejemplo, un conflicto de interés puede surgir si una entidad que comercializa una oferta pública de valores también actúa como aseguradora de dicha emisión. En caso de que la colocación no tenga éxito, la entidad podría priorizar sus intereses comerciales sobre el asesoramiento leal al cliente.
La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) exige que las entidades identifiquen, gestionen y comuniquen cualquier conflicto de interés, además de implementar políticas claras para prevenir que estos afecten negativamente a los clientes.